El presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, ha ensalzado la capacidad de acuerdo de los interlocutores sociales españoles, así como el papel crucial de la productividad en las economías. “La riqueza de un país y el bienestar de sus ciudadanos a largo plazo depende de la productividad”, indica. Apuntó también Costas que el Diálogo Social es una palanca extraordinaria para avanzar en términos de competitividad, amén de calificar a este espacio negociador como “un patrimonio intangible, un activo inmaterial” por el que hay que velar. “No encuentro ningún otro país desarrollado que haya tenido la capacidad de acuerdo de este país a través de los interlocutores sociales”, ha
zanjado.
Durante el debate Reducir la jornada y su impacto en la pyme, el responsable de Estudios de CEPYME, Diego Barceló, apuntó la fuerte subida de costes que conllevaría una reducción de la jornada, de más de 40.000 millones de euros, una cantidad superior a la recaudación anual del Impuesto de Sociedades. Por su parte, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, tiró de experiencia internacional para relatar cómo la reducción de jornada precisa de elementos graduales, flexibilizadores o compensatorios, como la bajada de cotizaciones sociales..
Durante el coloquio La productividad de la pyme y el impacto de la reformas, los ponentes pusieron en valor los elementos que apuntalan la productividad y el crecimiento económico. El director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPYME, Francisco Vidal, ha señalado que la reducción de una jornada laboral a 37,5 horas semanales supondría una reducción del 2% de las horas trabajadas. El economista Javier Santacruz ha abundado en este sentido, indicando que perder horas trabajadas significa dilapidar valor añadido, crecimiento económico y, por tanto, empleo.
Por su parte, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, ha avisado de las consecuencias de reducir la jornada laboral sin contar con el diálogo social, al igual que del impacto de mermar las horas de trabajo manteniendo los salarios, ya que encarecerá los costes laborales y generará problemas para encontrar trabajadores que añadir para compensar el recorte de horas.
"Por ejemplo, la experiencia de reducción de jornada laboral de Francia, que pasó, en primer lugar, de 35 horas a finales de los años 90, bueno, pues, tuvo una consecuencia inesperada en ese momento, y es que, por ejemplo, en los hospitales faltaba personal cualificado para sustituir a aquellas personas que trabajaban menos horas", ha detallado.
Por ello, en base a experiencias internacionales, desde Funcas han abogado por una reducción de jornada laboral de manera gradual; con flexibilidad horaria, ya sea a través de horas extra o de modulación de la jornada a través del año; y contando con la negociación colectiva.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha respondido a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que han hecho "muchísimas propuestas" en relación a la reducción de la jornada laboral, pero "no acepta ninguna". "Al monólogo yo no tengo que contestar con nada, directamente que hagan lo que tengan que hacer", ha asegurado.
Asimismo, ha asegurado que, en todo caso, no está "quitando la legitimidad a la norma" que se pueda aprobar, pero ha insistido en que "eso no es diálogo social" y que lo que plantea es "malo para la economía española".
Garamendi se ha desplazado este miércoles a Euskadi para participar en un encuentro en el Real Club Marítimo de Getxo (Vizcaya) organizado por APD para ofrecer la visión de las empresas sobre el nuevo ciclo institucional en Europa.
Tras agradecer a APD Zona Norte la oportunidad de poder compartir con sus asociaciones la situación actual y la evolución de la economía, Garamendi, en declaraciones a los medios de comunicación, se ha referido a la reducción de la jornada laboral y el plazo que ha dado el Gobierno central a la CEOE hasta el lunes para que presenten propuestas. Este mismo miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho que aún hay tiempo para llegar a acuerdo que veía asumible para las empresas.
Ante esas palabras, Garamendi ha afirmado que "eso lo dice ella" y, tras indicar que "ya no sabe cómo decirlo", ha asegurado que han tenido muchas reuniones y han hecho "muchísimas propuestas", "pero no se acepta ninguna".
"Es más, yo no entiendo diálogo como un ultimátum. No lo entiendo, lo he dicho claramente. Tampoco entiendo que en ese ultimátum te dice que la postura del Ministerio es muy nítida. Pero si es muy nítida y hay un ultimátum, me vais a perdonar, pero estoy en mi tierra, soy vasco, yo eso no lo entiendo", ha añadido.
A su juicio, el diálogo "es otra cosa". Garamendi ha insistido en que han realizado muchas propuestas y han hablado del absentismo, que se ha "duplicado" en España, donde "falta un millón de personas a trabajar todos los días". Asimismo, ha indicado que también han hablado de horas extras, y de "muchísimas cosas que se pueden hacer, que se hacen en Francia y que aquí parece que no se pueden".
Garamendi ha reiterado, como dijo este martes, que, si "es una decisión política", como, a su juicio, lo es, "que la hagan pero que la hagan el 1 de julio". "Es decir, si hay un ultimátum, podrá ser para nosotros, pero que también lo sea para el Ministerio", ha agregado.
Asimismo, el presidente de la patronal, haciendo un símil con la Eurocopa de fútbol, ha señalado que es, "como si te invitan a jugar un partido de fútbol, pero te dicen, vas a perder 5-0, y el árbitro encima va vestido del equipo contrario". "Y entonces te dicen, no es que en vez de 5-0 vas a perder 4-0, eso no es diálogo", ha asegurado.
Antonio Garamendi ha afirmado que eso es "un monólogo social". Según ha precisado, no está "quitando la legitimidad a la norma, en caso de que lo tenga que ser", pero ha insistido en que "eso no es diálogo social".
En este sentido, ha recordado que la propia OIT, Organización Internacional del Trabajo, así lo define: "el diálogo social es tripartito, el bipartito no se considera diálogo social, el bipartito, entre el Gobierno y una de las partes".
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